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 Ayer hasta la Fuente de la Salud llegaron técnicos de la Dirección
Provincial de Ambiente y siguen llegando varias personas a practicar
deportes o simplemente a disfrutar de las aguas ferrosas que existen en
el lugar.
El malestar por la resolución Municipal de expropiar la Fuente de la
Salud, para en ésta crear una planta de tratamiento de las aguas
servidas, ya se lo está sintiendo también en los moradores de las
comunidades aledañas, quienes recalcaron que no permitirán la entrada de
maquinaria al sector.
 Oposición Al saber que ayer técnicos de la Dirección
Provincial de Ambiente llegarían hasta la Fuente de la Salud, a
inspeccionar el entorno y sobre todo a escuchar las ponencias de los
perjudicados, los representantes de las comunidades aledañas al lugar
también se hicieron presentes para hacer notar su molestia e
inconformidad ante la resolución.
Dejaron en claro que no permitirán que se dañe el entorno natural y
recreativo para colocar en su lugar algo contaminante, por lo tanto
manifestaron que en caso de que las maquinarias ingresen al lugar a
realizar los trabajos se levantarán los moradores de por lo menos 10
comunidades para impedirlo.
"Estamos aquí para rechazar las intenciones del Municipio, toda la
comunidad está enterada de esta situación y en sesión hemos decidido no
permitir la expropiación, imagínese los problemas de salud que nos
traerá esto, sobre todo para los niños que están acostumbrados a venir
al río", dijo Margot Cifuentes, presidenta de la comunidad de Azama,
ubicada a medio kilómetro de la Fuente de la Salud.
La presidenta de la comunidad explicó que están dispuestos a defender el
lugar porque es tradicional y turístico, "lucharemos para que se
mantenga el lugar como turístico, por lo tanto la primera máquina que
está entrando nosotros la detendremos", indicó Cifuentes.
 Tema judicial Luis Yépez, abogado defensor de la familia Cisneros Mejía,
explicó que la visita de los técnicos es importante para que verifiquen
si por parte de la Municipalidad se ha obtenido la licencia ambiental
para la ejecución del proyecto de colectores en este sector.
Hasta el momento los perjudicados han levantado un recurso de protección
constitucional, además tienen por escrito la certificación por parte
del Ministerio del Ambiente que no se ha obtenido ningún tipo de
licencia ambiental para el proyecto.
"Nos asusta el hecho de que el Instituto Nacional de Contratación
Pública INCOP dio paso al proceso de contratación sin que exista ningún
tipo de licencia ambiental".
Yépez, informó también que no se ha realizado un estudio sobre la
afectación social a las personas que habitan en el sector y tampoco de
la afectación biótica, no biótica, hidrogeológico y de factibilidad.
FUENTE: http://old.diarioelnorte.ec/noticia.php?ID_NOTICIA=46555&date=2010-11-19&ID_SECCION=4
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